Quince años después del genocidio ruandés y a dos años las elecciones libres, democráticas y trasparentes en la República Democrática del Congo, el pueblo congoleño de la provincia de Kivu (al este del país), sigue viviendo una pesadilla de violencia, inseguridad y violación permanente de los Derechos Humanos que parece no tener fin. Los asesinatos, violaciones, saqueos, batallas, huída de la población, resurgen una y otra vez en este conflicto olvidado alejando la esperanza de restauración de una paz que es condición necesaria para mejorar las condiciones de vida de una población sumida por décadas en la pobreza y la inseguridad, pese a vivir en una región rica en recursos naturales.
Y es que, al contrario de lo que muestran las imágenes que aparecen a cada repunte de la crisis en los medios de comunicación occidentales, Kivu es llamada la "Suiza del África central” porque en sus 256.000 km2, abundan los cultivos y, sobre todo, incomparables recursos naturales como cobre, oro, coltán, así como el gas natural y el petróleo en los lagos Kivu y Tanganica. Todas estas riquezas son objeto de tráficos de diverso género que salen del país en camiones y helicópteros, vía Ruanda, y terminan en las manos de las grandes multinacionales.
Especialmente importante es el papel que, en esta guerra acallada, está jugando el hecho de que el Congo posea el 80% de las reservas mundiales de coltán (abreviatura de columbita y tantalita). Este material se emplea en distintas industrias de aparatos eléctricos, centrales atómicas, misiles, fibra óptica y otros, aunque la mayor parte de la producción se destina a la elaboración de condensadores y microchips de nueva generación que permiten baterías de larga duración en teléfonos móviles, videojuegos y portátiles.
Según informes de Human Right Watch, el mayor beneficiario del coltán congoleño durante los últimos años ha sido Ruanda. De hecho, el Ejército ruandés, o bien alguna de las guerrillas que financiaba el gobierno de Kigali, empleaba prisioneros hutus, así como a la población local, incluidos niños, para la extracción del mineral en los yacimientos que salpicaban el área bajo su control durante la guerra.
Antes de que el mineral fuera transportado por carretera o avión a Ruanda habría pasado por cuatro o cinco comisionistas, generalmente miembros de alto rango del Ejército o de alguna de las facciones guerrilleras. Una vez en Ruanda, el mineral pasaba al departamento administrativo informal “Congo Desk” y dos empresas: Rwanda Metals y Grands Lacs.
Ante esta situación, a partir del año 2001, la ONU decidió que la mejor forma de acabar con los enfrentamientos armados era declarar un embargo en la zona tanto de armas como de las importaciones y exportaciones de oro, diamante y coltán sobre los países invasores. De la misma forma, proponía sancionar tanto a los países como a las empresas que incumplieran con el embargo. También aconsejaba una congelación de los activos financieros de los movimientos rebeldes (aliados de los países invasores) y sus líderes, y que se estableciera un proceso de certificación de origen del diamante, oro y coltán. La acción humanitaria necesitaba que el espacio humanitario fuera completamente independiente y quedara desprovisto de otros intereses políticos y económicos que ayudaban a fundamentar la guerra.
Los innumerables informes de diversas ONG o de la propia ONU que iban saliendo a la luz, y que acusaban a Ruanda y Uganda del expolio de las riquezas minerales del Congo, permitieron una cierta presión internacional y el establecimiento de listas negras de empresas que operaban en la zona. Así 34 empresas (27 occidentales) fueron acusadas de importar coltán y casiterita y se consiguió que la compañía aérea belga Sabena suspendiese el transporte del mineral que realizaba desde Kigali (capital de Ruanda) a Bruselas. Sin embargo, otras rutas alternativas siguieron funcionando, y un considerable porcentaje del coltán congoleño siguió saliendo al mercado camuflado como procedente de Brasil o Tailandia.
Por lo tanto, las medidas tomadas resultaron muy poco efectivas y en el Consejo de Seguridad no se llegó a ningún acuerdo para adoptar otras más influyentes. En realidad, ni EE.UU. ni la Unión Europea mostraron una voluntad política real para acabar con el conflicto en detrimento de sus intereses particulares.
Más bien al contrario: muchos países occidentales siguieron ayudando a Uganda y Ruanda tanto militarmente como a través de cuantiosas “ayudas al desarrollo”. Por ejemplo, la agencia de ayuda británica (DFID) anunció en 2000 un préstamo de 95 millones de dólares para ayudar al gobierno ruandés. Resulta difícil de comprender cómo era necesaria una ayuda a países que poseían los suficientes recursos para invadir a su vecino. En este sentido, informes publicados por la ONU estimaban que, en ese mismo año 2000, Ruanda había ganado 40 millones de dólares por diamantes, 15 millones por el oro y 191 millones por el coltán, todos extraídos en suelo congoleño. Por su parte, otra importante beneficiada de la situación, Uganda, habría ganado en sus zonas bajo control en la República Democrática del Congo 1,8 millones por diamantes, 105 millones por el oro y 6,2 millones por el coltán.
Desde 1994 y tras la caída de Mobutu en el Congo, son los aliados de Kigali los que controlan en gran medida las redes de tráfico de materias primas (particularmente el coltán), lo que ha permitido a Ruanda financiar su reconstrucción. Sin embargo, poco a poco, el Ejército nacional congoleño está consiguiendo retomar el control de la región, pero tiene que enfrentarse a los milicianos de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), herederos de los genocidas de 1994 (que siguen viviendo de los distintos tráficos locales y se han vuelto incontrolables); y sobre todo a las tropas de refuerzo ruandesas que integran el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), dirigido por el general Laurent Nkunda. Este general tutsi congoleño de 41 años y presunto criminal de guerra, asola esta zona del Congo apoyado claramente por Ruanda, y sus acciones están detrás del último rebrote de la violencia que ha provocado una ola de pánico y cerca de 45.000 desplazados.
De acuerdo con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, "la intensificación y la expansión del conflicto está creando una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas y amenaza con provocar consecuencias calamitosas a escala regional". Y, por si fuera poco, se está dejando en evidencia tanto la ineficacia de unos acuerdos de paz que no son más que papel mojado (en enero de 2008, se ultimó el enésimo acuerdo de paz que las FDLR ni siquiera firmaron), como la pasividad de la comunidad internacional en el plano diplomático y en el marco de las misiones de paz de la ONU.
Así, la MONUC (Misión de la Organización de Naciones Unidas), con 17.000 cascos azules en la región, no está cumpliendo con los objetivos de su misión de paz y de protección a la población. Fuentes fidedignas sobre el terreno acusan a estas “fuerzas de paz” de trasladar soldados ruandeses en sus helicópteros, entregarles uniformes de la MONUC, permitir el paso de la frontera a militares ruandeses y trasladarlos a los lugares donde están las guerrillas de Nkunda; les acusan, de permanecer inactivos cuando atacan las guerrillas, de no dar su apoyo al ejército gubernamental cuando éste más lo necesita… Ante todo esto se comprende que la población se haya manifestado estos últimos días contra las fuerzas de la MONUC acusándolas de apoyar al enemigo y pidiéndoles que se marchen de la República Democrática del Congo.
Francia, que preside este semestre la Unión Europea, se ha mostrado favorable al despliegue de tropas de hasta 1.500 militares a la zona para poner fin a los enfrentamientos entre las tropas de Laurent Nkunda y el Ejército congoleño. Sin embargo, de muy poco servirá esa ayuda mientras se siga alimentando la verdadera causa del conflicto que radica en la lucha por los recursos naturales. Porque este no es un problema étnico entre humus y tutsis, pese a lo que se postula desde los medios occidentales.
Desgraciadamente, las cosas seguirán como hasta ahora, y las consecuencias serán terribles. Mucho más. La crisis humanitaria ya es una realidad, la violencia extrema de este enfrentamiento bélico se muestra en sus datos: casi la mitad de los casi cuatro millones de personas asesinadas desde 1994 han sido niños; las violaciones masivas de mujeres a cargo de las milicias de los distintos bandos, además del enorme daño que provocan, también están poniendo en riesgo el frágil control de la epidemia de SIDA en esta región tan afectada por el VIH; se calcula que tres millones de personas precisan asistencia médica con urgencia; según Amnistía Internacional ya son más de medio millón los refugiados en la región de Kivu y muchos de ellos están padeciendo o padecerán epidemias (cólera) y malnutrición…
¿Qué tiene que suceder para que los medios de comunicación den la importancia que se merece a un conflicto tan relevante como este? ¿Qué ha de ocurrir para que la comunidad internacional reaccione de manera realmente eficaz, sin paños calientes ni hipocresías que esconden intereses económicos, y la Historia no se repita y no veamos, de nuevo, las espeluznantes imágenes del genocidio de hace quince años?
